Vía @Serxiuxo
Un año ya del asesinato de Regina Martínez. El Silva, Jorge Antonio Hernández, el único detenido hasta ahora, sentenciado a 38 años de prisión.
Como Mario Aburto Martínez, condenado a 50 años, El Silva también es un asesino solitario que nada tiene que ver con los poderes de facto. Por favor.
Las muertes en el edificio B de la torre de Pemex, fueron causa de una “implosión” por acumulación de gases en el sótano del complejo. Lógicamente.
Las de Iztapalapa, a causa de perros asesinos. Claro, no se diga más.
Jorge Carrasco, un hombre sensato, representante de la revista Proceso en la Comisión Especial Investigadora creada por el gobierno de Veracruz para esclarecer la muerte de Regina Martínez, aseguró: “No tenemos todavía elementos firmes para pensar cuál pudo haber sido el motivo, lo que sí está muy claro es que desarrollaba (Regina Martínez) su trabajo en una condición hostil, en un ambiente muy hostil de trabajo”. Y así fue.
El pasado 2 de Abril, la Asociación Mexicana de Editores Periodísticos otorgó en Veracruz, una de las entidades más hostiles y violentas para el ejercicio de la comunicación, un galardón periodístico a Javier Duarte, gobernador del estado, por su compromiso con la libertad de expresión. Vaya.
México, detrás de Siria y Somalia, es el tercer país más peligroso del mundo para ejercer los oficios de la comunicación social y el periodismo. Las cúpulas políticas y empresariales, así como el narcotráfico, son los poderes de facto sobre los que las fuentes de información y líneas de investigación periodística encuentran sus límites. El fanatismo en las redes sociales, herramienta fundamental de comunicación, es también alarmante; si no se insulta, agrede o critica con descalificativos a un político, hecho social o movimiento que no empate con los ideales del fanático, o un grupo de ellos, entonces el comunicador es un vendido. Caray.
Sin embargo, los insultos no quitan vidas.
Cuando la calumnia y el hostigamiento se transforman en persecución, violencia y asesinatos, la cosa cambia.
Entre el 2000 y hasta 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró un total de 76 homicidios de periodistas en México.
(Fuente: http://www.animalpolitico.com)
Bien, si no son los órganos de gobierno, de todos los niveles, y sus instancias correspondientes los encargados de la investigación, indemnización e impartición de justicia en los diversos casos de violación de derechos, así como de homicidios, la sociedad civil hará justicia por sus propias manos. O qué espera la función pública que ocurra.
La tergiversación de la ejecución del poder político no es culpa de la ciudadanía, que tampoco elige a sus representantes a través de procesos absoluta y tangiblemente legítimos. La dialéctica de la soberanía parece tener su causa en la epistemología electorera; qué vulgar. El estado, a través del gobierno, debe ser el único responsable de ejercer el poder político, es la actividad que define su carácter. Sin embargo, los padres, hijos, hermanos, cónyuges y familiares o amigos de las víctimas, periodistas o no, estamos colmados. Los mecanismos de autodefensa cívica los ha producido el propio mal funcionamiento de los mecanismos institucionales públicos porque, orgánicamente, siempre habrá gente formada en la fila de la justicia.
Cuando el presidente del país, tras una denuncia por probable desvió de recursos, a la titular de Sedesol, Rosario Robles, le aconseja “No te preocupes”, agudiza nuestro dolor de estómago. (http://www.sdpnoticias.com/columnas/2013/04/23/no-te-preocupes-rosario-robles, mi nota “No te preocupes @Rosario_Robles_”)
El fin de semana, a Andrea Benítez, hija de Humberto Benítez Treviño, titular de Profeco, se le negó una mesa en el restaurante Maximo Bistrot, en la colonia Roma, por no contar con previa reservación; más tarde, fueron enviados inspectores de dicha procuraduría para clausurar el lugar.
El desvió de recursos públicos, para financiar campañas electorales en este caso, es un delito. (Artículo 223, Código Penal Federal). El tráfico de influencias también es un delito. (Artículo 221, Código Penal Federal. En caso de que Rosario Robles sea responsable, no sólo las Comisiones Mixtas del Senado tendrán que promover su destitución, sino que además tendrá que afrontar cargos. Andrea Benítez, #LadyProfeco, también; que quiten del cargo a su padre, el procurador, ya será una cuestión de ética.
No sólo es porque la sociedad civil demande transparencia y efectividad a la función pública, que sí lo hacemos, sino porque, carajo, es su trabajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario